(Extraido de La Gaceta)
Las entidades de gestión de derechos de autor están aprovechando el último tramo de la legislatura para exigir al Gobierno que tenga en cuenta sus pretensiones. Y es que la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y sus socios han solicitado al Ejecutivo que introduzca modificaciones en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) para que las operadoras tengan que suprimir los contenidos de Internet siempre que se lo soliciten formalmente (ante notario) y sin que sea necesaria la intervención de un juez.
Para ello, sólo habría que efectuar un pequeño gran cambio en los artículos 16 y 17 de esta ley, en los que se habla de la responsabilidad sobre los contenidos de los operadores y empresas de alojamiento de sitios web. En dichos artículos se especifica que, para que dichas compañías sean responsabilizadas, tienen que tener un “conocimiento efectivo” de que la información almacenada es ilícita, y que dicho conocimiento se obtendrá cuando un “órgano competente” así se lo indique. La pretensión de las gestoras de derechos sería poder ser considerados como “órgano competente” y, por tanto, que las operadoras deban obedecer sus dictados.
Desde la asociación de operadoras independientes Astel manifiestan gran preocupación por la posibilidad de que pudiera salir adelante una medida de estas características, ante la gran presión que está ejerciendo el lobby para la defensa de los derechos de autor. “Las entidades de gestión aluden a que los jueces tienen falta de medios, pero eso no es problema de los usuarios”, estimó Lionel Fernández, director general de la asociación. “Es como si un particular pudiese pedirle al propietario de un aparcamiento público que saque un coche que no es suyo sin consultarlo con la Policía”, estimó Fernández, quien hizo hincapié en que el Gobierno debería evitar cualquier medida que pueda llevar a desincentivar la introdución de las tecnologías de la información en nuestro país.
La patronal del sector Aetic coincidió en sus críticas hacia una hipotética medida de estas características, y subrayó que esta cuestión se ha debatido con las entidades de gestión hasta en tres ocasiones, sin llegar en ninguna ocasión a un acuerdo. En general, en el sector de la electrónica y las telecomunicaciones se respira una cierta preocupación por la presión creciente que están ejerciendo los gestores de derechos, y por la capacidad de presión e influencia que tienen tanto sobre el Ministerio de Cultura, que dirige Carmen Calvo, como sobre Presidencia. Además, mientras que para Carmen Calvo los temas de propiedad intelectual suponen una parte capital de su desempeño ministerial, para su homólogo Joan Clos no son más que una parte de sus muchas responsabilidades en Industria, Turismo y Comercio.
La batalla del canon
Esta lucha desigual entre Cultura e Industria también se vive en el tema del canon digital. Ambos ministerios, tras recibir las actas de las frustradas negociaciones entre fabricantes y autores, tendrán que pronunciarse sobre qué dispositivos se verán gravados por el canon y en qué cuantía antes del 25 de marzo. Fuentes del sector explicaron a LA GACETA que la diferencia sobre las cantidades a debate ha llegado a ser “de uno a cien”, y que desde las entidades de gestión se está enviando el mensaje de que determinados productos podrían llegar a costar al consumidor final el doble de su precio actual.
La SGAE quiere quitar trabajo a los jueces
Pedro Farré, director de Relaciones Corporativas de la Sociedad General de Autores, explicó ayer a LA GACETA que las entidades de gestión de derechos han pedido la reforma de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LSSI) para que los proveedores de acceso a Internet tengan responsabilidad sobre las páginas web que difunden contenidos no licenciados, con el fin de que “quitar trabajo a los jueves” y que “no quede todo en sus manos”.
En su opinión, la Sociedad de la Información puede autorregularse, como ya ocurre en países como Japón, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros. “Es insólito que en España se exonere de responsabilidad a los intermediarios de la Sociedad de la Información”, denuncia Farré, quien incide en que “no hay que confundir censura con libertad de expresión con límites”. El directivo de la SGAE también aboga por “convertir Internet en una herramienta para el desarrollo de la sociedad de la información en un entrono regulado, donde no impere la anarquía y en la que rijan las normas aprobadas por los órganos constitucionales”.
A modo de ejemplo, el representante apunta que “si la SGAE advierte a un ISP, por carta y ante notario, que permite la conexión a alguna página que incluye contenidos musicales o cinematográficos no licenciados, esa página y el ISP no debe estar exonerada de responsabilidad”. Aboga por combatir “el Internet basura” y “erradicar a los internautas que caminan por la Red con la cara tapada”.
REPULSA EN LA RED
Opinión unánime de Catsi. Todos los miembros del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI) se han pronunciado contra la propuesta de las sociedades gestoras de derechos de autor de disponer de capacidad y criterio propio para controlar páginas web. Entre las novedades que han sugerido las entidades de gestión destaca la sugerencia que la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LSSI) no limite la asignación de competencias a órganos administrativos, sino que se haga una referencia más amplia utilizando el concepto de “órgano competente”. Ante este posible nuevo escenario legislativo, la Asociación de Internautas señala que “la propia indefinición del referido concepto (órgano competente), “provoca cierta desconfianza sobre sus bondades, y así, las siguientes propuestas del texto vienen a confirmar una vez más que las ideas de las Sociedades Gestoras de Derechos de Autor para ‘mejorar’ la LSSI, en realidad lo son para incrementar sus competencias, en este caso, para potenciar la vigilancia y control sobre la Sociedad de la Información.
Derecho al secreto de las comunicaciones. La Asociación de internautas explica en su página web que “parece que todas las Sociedades Gestoras de Derechos de autor en España, todas las libertades y derechos que recoge la Constitución son menores e incluso incompatibles con la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, y obstaculizan su ejercicio, son especialmente molestos el derecho a la libertad de expresión, el derecho al secreto de las comunicaciones y el derecho a un proceso justo”.
